En nuestro ordenamiento jurídico español los que primariamente son encargados de velar por los intereses del menor de edad son los padres y con carácter secundario y subsidiario los poderes públicos, pues no pueden permanecer indiferentes ante situaciones de desprotección del menor.

La presente obra aborda el marco legal del sistema de protección jurídica del menor que se encuentra en situación de riesgo, incidiendo en el principio del interés superior del menor. Por otra parte, se analiza la finalidad preventiva que acoge el nuevo sistema de protección jurídica de la infancia y la adolescencia según los estándares internacionales marcados en Directrices y Resoluciones de la ONU, para llegar a la conclusión que es necesario ir abandonando el carácter asistencial del sistema de protección jurídica del menor a fin de priorizar desde la perspectiva de derechos humanos, la prevención de la separación del núcleo familiar y el fortalecimiento de las familias biológicas y dar así cumplimiento a las exigencias de la Convención de los Derechos del Niño.