Uno de los episodios más sobresalientes de la transición política española, en claro contraste con la férrea censura existente durante el franquismo y con los tímidos intentos de suavizarla en su última etapa1, fue el repentino florecimiento de la libertad de prensa. Poco tiempo después de la muerte del dictador, y antes incluso de que se aprobara la nueva Constitución Española (citada en adelante como CE) de 1978, un sinfín de publicaciones de la más variada naturaleza, desde las dedicadas a la información política a las de contenido satírico o sexual, poblaron inesperadamente nuestros quioscos.2. La explosión social de la libertad de expresión que trajo consigo el inicio del cambio político en España tardó un poco más de tiempo en consolidarse jurídicamente en nuestro ordenamiento. El hito marcado por su reconocimiento constitucional como derecho fundamental en el texto de la CE, la labor de la doctrina y del Tribunal Constitucional (citado en adelante como TC o «el Tribunal») y la ratificación de los más importantes tratados internacionales de protección de derechos fundamentales, particularmente la Convención* Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), consiguieron que, en un plazo relativamente breve, nuestras normas sobre la libertad de expresión dispensaran a este derecho una protección análoga a la de los países de nuestro entorno y que nuestra práctica se adaptara rápidamente a «la mejor jurisprudencia del mundo»3 en la materia, la del Tribunal Supremo (TS) de los Estados Unidos y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).