El lanzamiento de la criptomoneda Bitcoin supuso la aparición de un nueva clase de dinero privado, las monedas virtuales, y el desarrollo de otras aplicaciones descentralizadas en virtud de las tecnologías de registro distribuido. Los Estados han reaccionado, en cuanto a los casos de uso que ofrecen las aplicaciones descentralizadas, con el planteamiento de la adaptación de sus respectivos ordenamientos jurídicos y, respecto a la competencia monetaria que representan las criptomonedas, con la disuasión de su generalización como medio de pago y la adopción de las llamadas monedas digitales de los bancos centrales. No obstante, este enfoque regulatorio represivo en lo que se refiere a la competencia monetaria no afronta la verdadera causa de la expansión del uso de las criptomonedas como dinero: la pérdida de valor del dinero público como consecuencia del incremento de su oferta a través de decisiones de política monetaria. El error de las autoridades revela la necesidad de complementar la perspectiva jurídica con un análisis de política monetaria a la hora de tratar la cuestión de la intervención pública sobre las aplicaciones de las Tecnologías de Registro Distribuido.