Franquicia es un término que ha ingresado en el lenguaje coloquial para designar una nueva fórmula de negocio basado en la cesión de un modelo ajeno de empresa, cuyos emblemas, signos distintivos, secretos industriales y demás elementos son transferidos, como un todo, por el franquiciador al franquiciado. Como ha sucedido con tantas otras figuras forjadas en la práctica comercial estadounidense, también la franquicia, ya castellanizada su denominación de origen («franchising»), irrumpió por la vía de hecho en nuestro mercado doméstico y, todavía hoy, sigue huérfana de una respuesta adecuada del legislador. El legislador estatal no ha querido abordar la regulación sustantiva del contrato mercantil de franquicia, limitándose a establecer el deber de inscripción del franquiciador en el Registro administrativo correspondiente #medida absolutamente inocua a los efectos jurídicos interprivatos- y sus obligaciones frente al futuro franquiciado en la fase anterior a la celebración del contrato (artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla aquel precepto legal y se crea el Registro de Franquiciadores). Desde una perspectiva diferente, el legislador comunitario se ha interesado por el enfoque antitrust del acuerdo de franquicia, sometiéndolo a la disciplina del Reglamento (CE) núm. 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.