Prol. José Mª Gimeno Feliú. El recurso al sector privado para la construcción de obras públicas ha sido una constante desde que existe una verdadera política sobre la materia. El sistema #de empresa#, que devendría luego en el más moderno #de concesión#, suponía -y supone- la asunción del contratista de la obligación de construir una obra que, atendiendo a su finalidad, puede calificarse de #pública#, para retribuirse posteriormente con el derecho de explotación de la misma. Pero junto al sistema concesional, y de un tiempo a esta parte, han aparecido otros sistemas #paraconcesionales#, cuyos contornos y régimen jurídico conviene deslindar. Las concesiones de servicios, y más recientemente, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, son quizás, los ejemplos más paradigmáticos. La posible confusión del objeto y la causa de los contratos de concesión de obras públicas con los propios de las concesiones de servicios y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado es lo que justifica abordar la depuración conceptual de todas estas figuras y la determinación de los elementos singulares que sirven para diferenciar unas figuras de otras.