Una de las novedades más significativas de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administratciones Públicas, fue el incorporar, junto a los calificados tradicionalmente como contratos administrativos típicos o nominados (obras, gestión de servicios públicos y suministro) a los llamados contratos de consultoría y asistencia. Ello se debió a la importancia práctica que habían experimentado en los últimos años, al peso de la tradición jurídica española en este campo -eran contratos que no eran desconocidos en nuestro ordenamiento al encontrarse regulados, en esencia, mediante normas de carácter reglamentario: el Decreto 1005/1974, de 4 de abril, sobre contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios, que vino a derogar y sustituir al anterior Decreto 916/1968, de 4 de abril, regulador de los contratos de estudios y servicios con empresas consultoras- y, cómo no, a las exigencias derivadas del Derecho comunitario -Directiva 92/50/CEE-. Se incorporan, así al quehacer administrativo ordinario unos contratos que aparecen dominados claramente por dos datos: uno objetivo, el del carácter intelectual que ha de presidir a las prestaciones que constituyen su objeto, y otro subjetivo, el constituido por la cualificación profesional del sujeto que ha de realizar la debida prestación de carácter intelectual. El problema es qe el legislador reguló, en su Título IV del Libro II, aquéllos junto a los contratos de servicios y, pese a su distinta naturaleza, a los contratos de trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración. Precisamente, a través de la Ley 53/1999, se optó por la supresión de estos últimos debido a los problemas que en su aplicación concreta habían suscitado; por ello, la actual rúbrica del Título IV del Libro II del TR de la LCAP sólo contempla a los contratos de consultoría y asistencia y a los de servicios.

ÍNDICE: Concepto de contrato administrativo. La legislación comunitaria: en concreto, la directiva 92/50/CEE, de servicios, y su modificación por la directiva 97/52/CE. El régimen jurídico del contrato de consultoría y asistencia.