La posibilidad de declaración de concurso de las personas físicas y familias constituyó una de las principales innovaciones de la nueva Ley Concursal. Transcurrido más de un lustro desde que entrara en vigor la LC, por todos es conocido que dicha Ley ha supuesto la erradicación de la distinción formal, existente en la normativa anterior, entre deudor comerciante y no comerciante, así como de la dualidad de procedimientos regulados para declarar el concurso de cada uno de aquéllos: por un lado, el concurso de acreedores y la quita y espera (si el deudor no era comerciante); y, por otro, la quiebra y suspensión de pagos (si era comerciante). Así, en la actualidad -y a pesar de que no sean pocas las voces que claman lege ferenda por la regulación de un procedimiento simplificado, separado y específico que regule la insolvencia del consumidor, como medio adecuado con el que evitar que haya de aplicárseles a éstos el rigor formal y sustantivo de la LC-, nos encontramos con un sólo procedimiento aplicable a la universalidad de deudora, aunque con ciertas especificaciones previstas para los consumidores, que van a ser objeto de estudio en el presente comentario.