El principal objetivo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público es la incorporación de las previsiones de la Directiva comunitaria 2004/18/CE en lo referente principalmente a los poderes adjudicadores para asegurar su cumplimiento y evitar las sanciones comunitarias; a su vez ha realizado una reforma general de la normativa española sobre contratos publicos. La reforma introducida gravita en torno al concepto de poder adjudicador. En efecto, la necesidad de respeto de los principios generales de la contratación pública se ve seriamente comprometida en la legislación de contratos públicos por la proliferación de entes públicos que se alejan de la aplicación de las directivas comunitarias. La LCSP trata de poner fin a esta problemática, por lo que se analiza en este estudio el régimen jurídico aplicable a la actividad contractual de todos los entes que componen el sector público. Posteriormente, se analizan los pronunciamientos jurisprudenciales existentes para reconducir esta utilización masiva de entes públicos con fines distintos a los previstos que suponen una «huida» de las normas sobre contratación pública. De este modo, de forma singular en este estudio se da respuesta al régimen jurídico de contratación de las fundaciones públicas, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles, de las empresas municipales cuyo objeto es la ejecución de obras contempladas en los planes de urbanización y de contratos «domésticos» o in house. Junto a lo anterior se fijan los criterios para determinar la jurisdicción competente para resolver las controversias en la contratación pública según los diferentes entes y tipología de contratos y si rige el fuero electivo en materia de contratos de las Administraciones públicas. Como podrá apreciarse, se vuelve transcendente para los aplicadores de la normativa de la contratación pública conocer las claves de los criterios interpretativos fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y la juris