La presente monografía tiene por objeto adentrarse en la naturaleza jurídica de la firma electrónica, así como en su eficacia jurídica y valor probatorio. Para ello, se analiza la posibilidad de cumplir el requisito formal de la firma, allí donde exista en nuestro Ordenamiento, con la firma electrónica reconocida, pero también con firmas electrónicas que no alcancen dicho grado de seguridad. Así mismo, la Ley 59/2003, como la anterior Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, considera que el documento electrónico es objeto de la prueba documental en el proceso, sirviendo la firma electrónica y el análisis de su seguridad como sustitutos de la firma manuscrita y la prueba caligráfica. El presente trabajo analiza el régimen procesal del documento electrónico, cuando la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, excluía tales fuentes de prueba de la prueba procesal, y el valor probatorio de las firmas electrónicas reconocidas y no reconocidas.