Existe la percepción de que el estatuto personal del militar está configurado en menos respecto al de sus conciudadanos porque, a primera vista, la eficacia de la seguridad y defensa nacional en el ámbito competencial de las Fuerzas Armadas, exige ciertas limitaciones que se materializan en una situación personal de dependencia que llamaremos condición militar; concepto este que trasciende el ámbito de lo profesional o laboral, ya que implica la sujeción a unos peculiares principios de organización y reglas morales de actuación, así como el sometimiento a unas leyes penales y disciplinarias que, en conjunto, configuran un régimen personal cuya especialidad llega a afectar al ejercicio de sus derechos y libertades. Observando la configuración constitucional de los derechos y libertades, su desarrollo orgánico y la legislación específica militar, se constata la certeza de esas limitaciones. No obstante, cabe preguntarse si el desarrollo legislativo ha sido el correcto; es decir, si la situación actual es la que debe ser; ya que, en algún caso, las limitaciones van más allá de lo previsto en el texto constitucional, fundamentadas en su legislación específica. En este contexto jurídico-constitucional, conviene recordar que el núcleo del estatuto personal del militar sigue estando regulado por algunos artículos de la derogada Ley 85/1978 de 28 de diciembre (Reales Ordenanzas), cuya vigencia se mantiene a este efecto en tanto no se apruebe la anunciada Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, (cuyo Anteproyecto tiene fecha del pasado 13 de mayo de 2010), algunas de cuyas pautas continuarán marcadas por el peso de las misiones de las Fuerzas Armadas, que conllevan exigencias ineludibles y el compromiso #a ceder parte de su libertad personal en aras de garantizar mejor la de todos#; o el papel central y determinante de los principios de disciplina, jerarquía y unidad, que marcarán los límites de la condición del militar. En cualquier caso,