La anomia postconstitucional sobre el derecho de huelga y el obligado recurso al vetusto Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, ha provocado múltiples inconvenientes, aunque seguramente también alguna ventaja. Ese déficit de regulación se ha compensado con la elaboración de una doctrina judicial indispensable para resolver los problemas que el ejercicio de ese derecho plantea en la práctica a empresas, personal a su servicio y ciudadanía. Entre ellos es particularmente relevante el relativo a la delimitación de los que deban considerarse como "servicios esenciales para la comunidad" y la determinación de servicios mínimos cuando una huelga se declara en esos ámbitos. La obra examina la regulación española dedicando especial atención a las propuestas que se han hecho tanto a nivel interno como internacional para pasar de un modelo gubernativo-judicial a otro legal-convencional en el que se proporcione seguridad jurídica y tengan una mayor participación las organizaciones de trabajadores y empleadores. Tras examinar la construcción normativa, jurisprudencial y doctrinal sobre los límites del derecho de huelga, se estudia el concepto de "servicios esenciales" y su concreción en sede judicial. A la exposición sumaria del régimen jurídico de otras garantías, sigue el análisis detallado de la jurisprudencia y doctrina sobre cuestiones como cuál es la autoridad competente para fijar los servicios mínimos, los requisitos de proporcionalidad y motivación en las resoluciones gubernativas, la ejecución de esos servicios y la vidriosa materia relativa a la tutela judicial de los actos contrarios a la huelga y sus deficiencias.