El estudio de la economía irregular, y de la evasión fiscal como su principal consecuencia, ha constituido una preocupación constante de la investigación económica que cíclicamente adquiere actualidad en función de las circunstancias coyunturales. Así, la medición de la economía oculta, el estudio del empleo sumergido y los análisis sobre magnitud del fraude fiscal por parte de los contribuyentes han constituido un objeto de estudio de recurrente intensidad desde la mitad del siglo veinte. El mismo concepto de irregularidad en sus distintas acepciones y definiciones ha sido la primera de las tareas que ha tenido que abordar este esfuerzo investigador, ya que no existe consenso sobre la denominación ni sobre el concepto, pero sí aproximaciones de trazo grueso y vocación operativa que han sustentado los distintos trabajos realizados en esta materia dentro de diversas áreas. Una de las cuestiones más importantes, en este sentido, ha sido la diferenciación entre los ámbitos informales e ilícitos de la economía, que ha permitido la acotación del concepto de economía irregular, ubicándolo dentro de las actividades legales, de las cuales una parte se sustrae al control de las autoridades con el evidente objetivo de eludir las cargas que supone el cumplimiento de la legalidad. Tanto es así, que la misma noción de irregularidad se vincula, claramente, a la finalidad de evadir obligaciones para reducir costes y en consecuencia, considerando los ingresos independientes de esta decisión, aumentar los beneficios.