El libro que el lector tiene en sus manos es el primer resultado de un proyecto de investigación dedicado a explorar los nuevas territorios situados a un lado y a otro de la neutralidad tecnológica, erigida en nueva frontera de las responsabilidad de todo tipo que nacen del hecho tecnológico.
El producto —el libro— obedece a las tres premisas que adoptamos a la hora de iniciar las labores de investigación.
La primera primera es que, merced a la Directiva sobre el comercio electrónico y a la LSSICE, debía entenderse superada la fase de discusión acerca de si los intermediarios en Internet (fundamentalmente los servidores de acceso y alojamiento) debían responder «por el hecho de los datos» que circulaban a través de ellos. La respuesta legal es clara: no, no deben responder por el mero hecho de intermediar en el tráfico de datos, aunque éstos puedan ser ilícitos. En contraprestación, Directiva y LSSICE atribuyen a los intermediarios ciertos deberes que se erigen en el eje central de esta investigación. Los intermediarios no responden por el mero hecho de hacer de intermediarios, pero, ¿cuándo y cómo responden por el hecho de infringir los deberes que les asigna el legislador?
Esta primera premisa explica que nos hayamos querido ceñir a una concreta definición de los deberes de los intermediarios, a un dato de Derecho positivo que permitiera obtener resultados prácticos y nos alejara de la mera especulación. De ahí la segunda premisa: trabajar sobre el Derecho positivo español y muy especialmente sobre la LSSICE.
Finalmente, como tercer punto de partida, hemos asumido la necesidad de abordar multidisciplinarmente las responsabilidades de los servidores. Así, el esquema general del libro ha consistido en combinar la regulación de los deberes de los servidores con distintos regímenes de responsabilidad: civil, penal, administrativa, patrimonial de las Administraciones Públicas, contractual, en materia de protección de datos, propiedad intelectual, enseñanza universitaria o Derecho Internacional Privado. El resultado se ha pretendido homogéneo, organizado, y creemos que presenta coherencia. Eso sí, se ha considerado que respetar las opiniones personales de cada uno de los autores enriquecería la visión de los deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento en nuestro Derecho.