La Administración goza de una posición de privilegio a lo largo de todo el procedimiento contencioso-administrativo y son muchas las situaciones que lo evidencian, como, por ejemplo, la no exigencia de que la Administración constituya un depósito para recurrir resoluciones interlocutorias, el reducido plazo del que disponen los administrados para interponer un recurso contencioso-administrativo, la posibilidad de reponer el trámite precluido o la posibilidad en el recurso ordinario de conocer la prueba propuesta por el demandante antes de contestar a la demanda... Ahora bien, ¿qué puede hacer el letrado del demandante en estos y en otros supuestos?
La respuesta a esta pregunta la encontramos a lo largo de toda esta obra, en la que se formulan cuestiones esenciales de procedimiento para que sea el abogado del demandante el que pueda marcar el ritmo del procedimiento en función de los intereses de su cliente. En el fondo, se quiere ofrecer a los letrados de los demandantes herramientas o recursos que les permitan tomar la decisión más acertada o correcta en cada fase del procedimiento contencioso-administrativo. No obstante, la obra también está destinada a Jueces, Magistrados, abogados del Estado, letrados de comunidades autónomas, diputaciones provinciales, entidades locales, catedráticos y profesores de Derecho administrativo..., todos ellos profesionales que verán enriquecida su formación con el estudio de las cuestiones que se plantean a lo largo de la misma.