El presente trabajo pretende un estudio de las relaciones entre la contratación con las Administraciones Públicas y el concurso de acreedores, con una especial atención a la influencia que en las mismas ha tenido la aprobación de la Ley 9/2015 que modifica la Ley Concursal y convalida el Real Decreto Ley 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal. Para ello, parte de la relación general entre el Derecho concursal y el Derecho administrativo, dos cuerpos legales especiales que están presididos por la defensa de un interés diferente, la tutela de la masa y de los acreedores el primero y la defensa del interés público el segundo y a los que la práctica procesal y administrativa ha llevado a más supuestos de interactuación de los que a priori habría sido previsible.

El artículo aborda posteriormente en un primer bloque, la influencia que las diferentes situaciones concursales tienen en la capacidad para contratar con la Administración y en un segundo bloque, los efectos que las diferentes fases en las que puede encontrarse un deudor en un procedimiento de insolvencia tienen en sus contratos administrativos en vigor, estudiando los supuestos de continuidad de los contratos bien sea en la persona del deudor o bien mediando la cesión del contrato y los supuestos de resolución y en este caso el daño ocasionado a la Administración y sus efectos sobre la garantía prestada.