Desde que la Constitución recogió los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede el poder político aducir razones de Estado para vulnerarlos. En la medida que esto es así supone una conquista del Estado de Derecho de la que deberíamos estar satisfechos si no fuera porque se incumple de continuo. En las grandes sociedades cotizadas se toman habitualmente decisiones en perjuicio de los pequeños accionistas con total impunidad, apelando a razones empresariales o sociales inexistentes. A menudo, esas resoluciones que adoptan los administradores de las grandes corporaciones no tienen otra justificación que el lucro personal de ellos mismos o de terceros a costa de los accionistas minoritarios. Y ello sin que ni el poder político, ni el judicial, ni la prensa hayan hecho nada por evitarlo. La administración pública no parece interesarse en absoluto por terminar con una corrupción casi cotidiana que padecen los accionistas. El gran número de administradores y altos directivos que se dedican a prácticas que, en justicia, deben calificarse como corruptas hace de la indefensión del pequeño accionista algo a lo que parece haberse acostumbrado nuestro Estado de Derecho sin demasiados sobresaltos. A esta anomalía, que pasa a diario desapercibida sin que nadie la evite, se dedican las páginas que el lector tiene en sus manos.