El arbitraje constituye una herramienta en manos de la autonomía del sujeto, cuyo reconocimiento frente a la intervención estatal favorece una implicación directa que facilita en muchas ocasiones la resolución de conflictos. Y junto con la mediación, conciliación y otros métodos, el arbitraje muestra una alternativa a la jurisdicción con innumerables ventajas, sin por supuesto negar sus siempre avisados inconvenientes. Pero la contraposición no debe servir para justificar la bondad de una vía de resolución con base en las deficiencias de cualquier otra. No se trata de reaccionar frente a la saturación de los tribunales jurisdiccionales, sino de aceptar sin tanta desconfianza una descongestión de la jurisdicción como efecto secundario de una institución heterocompositiva de solución de conflictos, alternativa a la judicialización acostumbrada de la controversia civil y mercantil. Deben asumirse valores intrínsecos por mucho que de un modo colateral se provoquen beneficios en otras sedes, como lo sería el desahogo de la Administración de justicia, que fomentaría la agilidad en la respuesta judicial al problema, rapidez por demás subrayada como virtud del arbitraje. En cualquier caso, es mejor desoír las críticas a veces planteadas contra el mismo, a modo de institución que ganaría justificaciones objetivas -y así adeptos- contra peor se hallase el estado de la jurisdicción civil.