El hito que supone la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones (Ley 32/2003, de 3 de noviembre) configura el momento idóneo para reflexionar sobre la eficacia lograda por la recién derogada norma del sector y las aportaciones que la nueva puede realizar al proceso de liberalización de las telecomunicaciones. Es evidente que desde 1998 hasta hoy el mercado de las telecomunicaciones ha experimentado una vigorosa evolución que ha provocado sustanciales cambios sociales y económicos. El desmantelamiento del «monopolio natural» y el establecimiento de una regulación asimétrica para garantizar el nacimiento de una pluralidad de operadores, diversificar redes y servicios y generar una potente área económica constituían, a grosso modo, los bienes jurídicos protegidos por la antigua Ley de Telecomunicaciones pero, en la actualidad, han evolucionado para adaptarse a un mercado en crecimiento y al desarrollo de las Nuevas Tecnologías. Tanto la nueva Ley, como el paquete de Directivas de las que emana, no desean plantar las bases de una incipiente liberalización como ocurría a mediados de la década de los noventa; ahora es el turno de madurar un sector estratégico que cumple la función esencial de articular y vertebrar la todavía indefinida Sociedad de la Información. De este modo, la Ley que ahora inicia su andadura busca oxigenar un sector estancado en una regulación superada por la constante evolución tecnológica, minimizando la intervención de la Administración y estableciendo mecanismos correctores que garanticen la pluralidad de operadores y la protección de los consumidores. En estos Comentarios a la nueva Ley General de Telecomunicaciones, realizados por un plantel de expertos en la materia y con la colaboración de la Fundación Vodafone y del Consejo General del Notariado, encontrará la herramienta necesaria para comprender los profundos cambios que la nueva regulación afronta, como pudiera ser la competencia total en la telefonía fija, y se plantean nuevos reto