El artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (anterior art. 104C del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) recoge la indicación a los estados miembros de contención del déficit público. El proceso de homogeneización en materia de políticas de estabilidad financiera pasan por la presentación de programas de estabilidad por los distintos Estados miembros, supervisados por parte del Consejo de los mismos y el procedimiento de control de défi cit excesivo. La resolución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), aprobado el 17 de junio de 1997, vino a poner de manifiesto la importancia de garantizar la disciplina presupuestaria en el marco de la UE que se armonizará con las distintas políticas nacionales en materia de contención del déficit y estabilización económica. En estos términos y tras la reforma del artículo 135 de la Constitución española, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) así como la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se han convertido en dos elementos esenciales a la hora de materializar las reformas en el ámbito local a fin de reducir el gasto y contener el déficit público. Conocer cómo se ha modificado la planta local española a partir de la entrada en vigor de las llamadas ?leyes de estabilidad presupuestaria? y la posición mantenida por diferentes tribunales y órganos del Estado en torno a la LOEPSF y la LRSAL es el objeto del presente estudio.