Desde una perspectiva histórica, el sesgo hacia los pueblos indígenas, considerados atrasados o incapacitados por las élites criollas y burguesas, ha contribuido a su abandono, siendo utilizado como excusa para impedir su progreso y modernidad, especialmente con respecto a las mujeres indígenas del Páramo y las costeñas. Además, se presentan indicios evidentes de que el poder político y económico ha considerado la presencia de este grupo en Ecuador como un obstáculo para su progreso, por lo que se optó por su asimilación, incorporación o integración al sistema, pero sin tener en cuenta su idiosincrasia y cultura, lo que resulta contraproducente para una relación positiva entre culturas.

Existe una diferencia de 50 años entre España y Ecuador en la evolución de la protección, especialmente en la institucionalización del control de la legislación laboral por parte de la Inspección de Trabajo y en el control judicial por parte de los encargados de repartirla en primera instancia debido a la justicia indígena. Hasta el período analizado, se han detectado graves obstáculos en el cumplimiento de la legislación social en el país andino que detallan los múltiples entrevistados desde variados ámbitos: justicia, prefectura, asociaciones indígenas, responsables de comunidades y pueblos, etc. Finalmente, se propone un marco de actuación multifactorial para comenzar a trabajar en este campo en el Ecuador.