La regulación de los mercados está generalizada en nuestros días. La economía de libre mercado, en la que presumiblemente se desenvuelve la actividad económica en los países occidentales, conoce considerables límites de los que, en muchas ocasiones, ni siquiera somos conscientes.
Junto con la regulación propiamente política, cobra creciente importancia la llamada regulación de la competencia en la que el objetivo político consiste no en limitar el funcionamiento de los mercados para asegurar determinados objetivos sino en conseguir que el mercado funcione adecuadamente, en el entendimiento de que el correcto funcionamiento de los mercados es lo óptimo para el bienestar social. El objetivo político de la regulación de la competencia es la consecución de un mercado que funcione en competencia.
La regulación de la competencia abre un campo más extenso para la aplicación de la teoría económica que la regulación política. En efecto, si el objetivo es la obtención de un funcionamiento adecuado de los mercados, el debate entre las distintas opciones de regulación se debe plantear en términos económicos. Las alternativas que confronta un regulador se han de estudiar científicamente a fin de obrar adecuadamente en pos del objetivo planteado. Y es la teoría económica la ciencia que trata de explicar los distintos fenómenos de que es objeto la regulación de la competencia.

El ejemplo paradigmático de la regulación de la competencia lo constituye el llamado derecho de la competencia. Mediante esta normativa se persiguen determinadas conductas de aquellas empresas que detentan una posición especial o dominante en el mercado, así como las conductas colusivas por las que varias empresas prentenden evitar competir entre ellas para explotar a sus clientes. Se trata, en esencia, de asegurar que el mercado funcione correctamente sancionando a las empresas que traten de distorsionar lo que debería constituir el funcionamiento del mismo.

Sin embargo, en los últimos 30 años, como consecuencia de la eliminación de los monopolios legales asociados a servicios como el transporte, las comunicaciones o la energía, ha cobrado especial importancia la que llamaremos regulación sectorial para la competencia. En todos estos casos la preexistencia de un monopolio legal situó a determinadas empresas con unas ventajas aparentemente decisivas a la hora de competir en el mercado abierto a la competencia. Por ello se tomaron decisiones reguladoras tendentes a compensar esta situación ventajosa inicial y así evitar distorsiones indeseadas en el funcionamiento de los mercados recién liberalizados.

La regulación sectorial se diferencia respecto al derecho de la competencia en que actúa a priori mediante remedios estructurales que pretenden prevenir daños irreparabales al mercado. Son remedios estructurales, por ejemplo, la separación vertical del antiguo monopolista o los controles de precios minoristas para evitar la exclusión de posibles competidores.

En todo caso, estas decisiones regulatorias han de tener una base científica proporcionada por la teoría económica. Sin dicha base constituirían únicamente límites sobre el uso de los medios de producción, que pueden responder a un objetivo político ajeno a la teoría económica, pero que no darán lugar a un mejor funcionamiento de los mercados o incluso podrían obstaculizar su operativa.

De ahí la gran importancia que tiene un análisis riguroso de la teoría económica en que se soportan estas decisiones. En la actualidad, la corriente principal (el mainstream) de esta ciencia la constituye la Escuela Neoclásica de Economía y consecuentemente es con base en la comprensión de la realidad económica que aporta esta Escuela que se toman las decisiones de regulación para la competencia.