El adecuado funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho precisa de una Administración Pública eficiente que disponga de recursos humanos profesionalizados e independientes. Como empleadora, junto a otros principios constitucionales, la Administración somete su actuación al de estabilidad presupuestaria. Poniendo el foco en el empleo público laboral, esta obra plantea la necesidad de dotar a la Administración de herramientas que le posibiliten flexibilidad en la compleja gestión de este tipo de recursos humanos, sometidos simultáneamente al Derecho Administrativo y al Derecho Laboral. Se aborda cómo la Administración Pública ha recurrido de manera generalizada a la flexibilidad de entrada a través del empleo público temporal y el problema de inestabilidad y precariedad que esto ha supuesto. En este sentido, se analiza la correcta transposición de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada a nuestro empleo público laboral y funcionarial. Y se defiende la flexibilidad interna como vía de ajuste de las condiciones laborales, ya que posibilita conciliar la eficiencia en la gestión del servicio público con la estabilidad en el empleo. Advertidas las dificultades de aplicación de la legislación social a este colectivo de trabajadores, se efectúa también una llamada al legislador para que dé solución a los problemas de regulación de las condiciones de trabajo de estos empleados públicos, adaptando su régimen jurídico a las particularidades de la empleadora para la que trabajan y facilitando así la labor de los gestores públicos. Se concluye poniendo en valor la labor de los empleados públicos como vital para la futura existencia del Estado de bienestar.