En los últimos años, se ha advertido una proliferación normativa en materia de viviendas de uso turístico por parte de las Comunidades Autónomas. Su origen coincide, principalmente, con la exclusión expresa llevada a cabo por el legislador estatal del contrato de arrendamiento de alojamiento privado en vivienda prevista en el art. 5, letra e), de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a través de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Este hecho dio inicio a un intenso debate doctrinal, que, a día de hoy, aún sigue vivo, en cuanto al régimen jurídico civil aplicable a esta modalidad de contrato de arrendamiento de alojamiento y de su naturaleza jurídica, que dependerá, en última instancia, de lo dispuesto por la concreta Comunidad Autónoma. Pero, además, el análisis atento de las normas sectoriales evidencia, en ocasiones, una extralimitación competencial, al incluir, en normas de eminente carácter administrativo, dictadas al amparo de su competencia en promoción y ordenación del turismo, disposiciones de Derecho privado. La obra que tiene en sus manos proporciona una visión jurídica y actual, de eminente carácter civil, de la regulación y ordenación de las viviendas de uso turístico como manifestación de la «nueva propiedad», al erigirse la fórmula de la función social del derecho de propiedad, recogida en el art. 33.2 de la Constitución, como criterio delimitador del contenido del derecho dominical.