En los últimos años el Ministerio Público pasó de ser una figura accesoria (y, en algunos casos, decorativa del sistema procesal penal) a convertirse en un protagonista de primera línea que ya no realiza unas pocas tareas modestas, sino que, como encargado del ejercicio de la persecución penal, define líneas o directrices para la realización de sus tareas; dirige las investigaciones concretas y en ellas recolecta evidencias con el auxilio de la policía; resuelve cuándo poner fin a esa tarea por no existir delito perseguible penalmente; decide si, a pesar de que pueda existir un delito penalmente perseguible, no es más razonable de todos modos desistir de la persecución por razones de oportunidad, o buscar otras formas de composición del conflicto, sea con su directa participación, o con la participación de la víctima; busca acordar con el imputado fórmulas abreviadas de decisión o llevar adelante vías simplificadas.

En el marco de esa resignificación del estatuto del Ministerio Público, esta obra aborda dos problemas centrales y la forma en que ellos se han solucionado en Iberoamérica: el primero refiere a cuál debería ser su posición institucional en la estructura del Estado, esto es, su ubicación bajo la égida de alguno de los poderes tradicionales, o de varios, o de todos ellos, o fuera de esos poderes, sea como un sistema orgánico en sí mismo o como un órgano autónomo junto a otros, así como el relacionamiento y grado de independencia efectiva respecto a aquellos poderes; el segundo refiere a su forma de organización interna, en particular en orden al desarrollo por los fiscales de sus funciones específicas, esto es, si se realizan bajo la idea de independencia o autonomía individual o según la idea de organización jerárquica, y sus distintas manifestaciones en los países relevados.

La importancia de este enfoque es evidente: para que el Ministerio Público pueda desarrollar su rol protagónico es imprescindible definir una posición institucional que permita el adecuado desarrollo de las importantes funciones que se le adjudican, determinar cómo esas tareas y funciones se coordinan con las propias de los demás órganos del Estado, y consagrar y llevar a la práctica una serie de principios o directrices básicos que ordenen sus formas de actuación, también para el mejor cumplimiento de las tareas que, como sociedad organizada, le encomendamos.