La academia y la magistratura, investigadores y actores políticos han prodigado papel impreso durante decenios para analizar la permanente conflictividad, jurídica y política, generada desde una fórmula territorial que -paradójicamente- nació con pretensiones conciliadoras. Nuestro Estado compuesto acumula incesantes críticas, tanto cívicas como académicas, dato que puede interpretarse como indicativo de agotamiento. Unitarios por una parte, y desde la banda opuesta nacionalistas radicales o secesionistas cuestionan y desafían los fundamentos del Estado autonómico y extienden las dudas sobre su viabilidad. Las disfunciones del Estado autonómico son numerosas y esta monografía viene a adelantar propuestas concretas de reforma. Nunca desde 1978 se cuestionó la legitimidad de cualesquiera demandas de mayor descentralización: las de corte confederal o las exigencias de autodeterminación e independencia. No menor legitimidad democrática arropa a quienes abogan en favor de la reformulación del Estado o a los que, más contenidamente, abogan por su racionalización competencial en detrimento de las entidades subestatales, siempre a través de los cauces previstos en la Constitución y las leyes. Las Cortes constituyentes quisieron construir un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), cuyo ordenamiento se fundamentase en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2), pero llamaron a participar en la obra a quienes sostenían -y sostienen- que la Nación española es pura entelequia. Recibieron con alborozo y abrazaron con despreocupación a los nacionalismos fraccionarios, cuya máxima aspiración -ayer como hoy- es la destrucción del Estado para, con sus materiales de derribo, construir nuevas y pequeñas repúblicas. La clase política pretende apaciguar con cuotas de soberanía a gentes levantiscas que nunca desearon ser contadas entre 'nosotros' porque, en su contexto ideológico, los españoles siempre seremos 'ellos'.