Desde el comienzo de la crisis económica del 2008 ha aparecido una creciente ola de opinión tendente a la remunicipalización de los servicios públicos. Sin embargo, no se puede remunicipalizar lo que, de facto, ya es de titularidad municipal. A nivel local son múltiples los servicios que se prestan y que pueden verse afectados por el actual debate: desde el ciclo integral del agua hasta la movilidad urbana. La actual Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permite la gestión directa, ya sea a través del propio Ayuntamiento o con organismos dependientes del Ente local, y la gestión indirecta, ya sea a través de una concesión o con otra figura jurídica incluida en la normativa, del servicio público de que se trate.

La presente Revista trata de hacer una reflexión sosegada y plural de la necesidad de la colaboración público-privada en la prestación de los servicios públicos, planteando cuáles son sus beneficios y ventajas, así como preguntándose acerca de sus desventajas y riesgos. Pero siempre partiendo de la premisa de que, al final, lo más importante es proporcionar al ciudadano, que es el usuario final, unos servicios públicos guiados por el principio de excelencia. Y que dicho principio se puede lograr por el sector público, así como por empresas privadas y mixtas, y que la calidad debe ser el único baremo para juzgar y valorar los servicios públicos. Los Entes públicos tienen capacidad de actuación en multitud de aspectos del proceso de prestación del servicio, mediante los que pueden mejorar su desarrollo final, que van desde una regulación adecuada, ágil y flexible que sea capaz de adaptarse a los nuevos retos que la sociedad afronta hasta un proceso de exigencia de trasparencia en la gestión, así como de control y supervisión. En cuanto a la regulación, es básico crear un entorno de estabilidad legislativa que garantice la inversión a los proveedores de servicios, aspecto fundamental en determinados sectores, en los que prima la inversión a largo plazo que requiere de seguridad jurídica.

Entre los motivos que se vierten en contra de la colaboración del sector privado en la gestión de los servicios públicos municipales se suelen citar tres. En primer lugar, se argumenta que el objetivo de maximización de beneficios de las empresas va en contra del interés colectivo. En segundo lugar, otra crítica recurrente es que la prestación privada de los servicios públicos, mediante el pago de estos, perjudica y deja en situación de vulnerabilidad a aquellos con menores recursos. Es decir, mediante la gestión indirecta aumenta la desigualdad entre los hogares en función de su renta. En tercer lugar, y en relación con el empleo, se suele decir que la calidad del mismo suele ser peor cuando el servicio municipal se presta mediante concesión que cuando lo proporciona directamente la Administración pública.

En contraposición a las críticas que se vierten, hay que remarcar las ventajas que proporciona. Por un lado, gracias a los acuerdos de colaboración con el sector privado, las Administraciones públicas cuentan con una mayor capacidad de inversión en la gestión de los servicios públicos, pudiendo garantizar su prestación en condiciones de calidad sin necesidad de aumentar su nivel de endeudamiento. Por otro lado, que participen empresas privadas, cuya actividad habitual es la que van a prestar en colaboración con el sector público, genera importantes economías de escala. Además, los cambios internos dentro de la Administración son más lentos y menos flexibles que en el sector privado, lo que representa un problema a la hora de hacer frente a situaciones de urgencia. Mediante una adecuada regulación la colaboración público-privada permite una mayor capacidad de adaptación a los cambios por parte de los prestadores del servicio público. Asimismo, y gracias al entorno competitivo en el que se mueven las empresas privadas, estas necesitan, como elemento clave de su estrategia, invertir parte de sus beneficios y de sus recursos en I+D+i. Por lo que, mediante la gestión indirecta de los servicios públicos, las Administraciones locales y, en última instancia, los ciudadanos se pueden beneficiar de ese entorno de innovación en el que se encuentran los gestores privados.