La presente obra se ha orientado de forma fundamental a la tutela de la víctima, lo que entraña una apuesta de corte político criminal con su debido soporte científico, en el sentido de conceder protagonismo sin fisuras a la víctima, indiferenciada o no, de quienes en forma de organización y con el ánimo de subvertir el orden constitucional atenten contra bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la libertad, etc.
Resulta evidente que el protagonismo de las víctimas del terrorismo no deja de crecer, sobre todo en los últimos tiempos, influyendo esto en la toma de decisiones en materia penal: en este sentido, se postula un Derecho Penal más riguroso y exigente. No obstante, las presiones de las víctimas, pueden llegar a entorpecer un enfoque racional de los problemas, ignorando los posibles efectos o consecuencias negativas, que la extensión punitiva demandada puede llegar a suponer para los derechos de otros ciudadanos o de los propios victimarios. Es innegable una frecuente tendencia a prestar especial atención a las demandas de las víctimas a la hora de configurar las decisiones legislativas penales, hasta el punto de llegar a afirmar que la perspectiva de la víctima puede llegar a convertirse en uno de los criterios inspiradores de la política criminal española. Se reconoce a las víctimas una gran capacidad para incidir en la política legislativa penal, lo cual se traduce en muchas ocasiones en un incremento punitivo, que puede conllevar un grave retroceso garantista en relación con el delincuente terrorista evitando que estos puedan beneficiarse de las normas penitenciarias encaminadas a la reinserción de los delincuentes comunes.
Si bien es cierto el recurso permanente al Derecho Penal para hacer frente a determinados problemas sociales caracterizados por una gran repercusión mediática, también lo es que el daño ocasionado por esta clase de delitos obliga en determinados casos a abandonar esa posición de espectador totalmente imparcial. El terrorismo es algo más que simple delincuencia y por ello, permanece constante en el legislador la preocupación por responder a las demandas de la sociedad.
En cualquier caso, el recurso permanente al Derecho Penal para hacer frente a determinados problemas sociales caracterizados por una gran repercusión mediática, permanece constante. Ahora bien, esta huida al Derecho Penal implica a su vez, que el sistema penal funciona mejor que otras instancias de control social, públicas y privadas, o al menos eso perciben los ciudadanos y el Estado, y por ello, el recurso masivo al Derecho Penal.