El aseguramiento de la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas proclamada en el artículo 106.2 de la Constitución, mediante la suscripción de un contrato privado de seguro, ha sido asumido por la práctica administrativa sin someter a un análisis previo y crítico sus consecuencias.
Por tratarse de una cuestión que afecta a la garantía institucional de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es preciso comprobar que la conjunción del Derecho público y del Derecho privado en la órbita de la regulación de la responsabilidad no conduce a resultados incompatibles con ella.
El interés de estudiar la aplicación del contrato de seguro a la responsabilidad patrimonial nos ha motivado a aunar el esfuerzo para, al menos, mostrar cuales son las vías de aproximación que ayuden a enfrentarse a la situación generada por su utilización generalizada.
El propósito de esta obra no es, sin embargo, el análisis de la institución de la responsabilidad patrimonial ni, mucho menos, el análisis del contrato de seguro privado. No debe resultar extraño al lector que, por esta razón, se obvie un estudio en profundidad de ambas instituciones, pues tan solo aquellos aspectos que vinculan la aplicación del seguro privado a la institución de la responsabilidad son los que, en nuestra opinión, merecen un tratamiento conjunto