La monografía que hoy presentamos tiene como objetivo primordial adentrarse en uno de los ámbitos en los que la actividad de captación de imágenes y sonidos, en cuanto método de obtención de fuentes de prueba, reviste una especial transcendencia y, sobre todo, una mayor potencialidad para entrar en fricción con buena parte de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 18 de nuestro Texto Constitucional. Su ámbito problemático se centra esencialmente en las tensiones que surgen entre el Estado y los ciudadanos con ocasión de lo que, desde una perspectiva general, podría catalogarse como de "investigación concreta", en cuanto amalgama de actividades tendentes a una finalidad común: la búsqueda de fuentes de prueba respecto de la autoría de un concreto hecho que revista los caracteres de un ilícito penal, así como el aseguramiento de la prueba para un ulterior proceso judicial. Para lograr el objetivo propuesto, a lo largo de la obra se procede a un minucioso análisis de los puntos de conflicto más sobresalientes, entre los que merece la pena subrayar aspectos tales como las captaciones audiovisuales en espacios públicos, la instalación de servicios de vigilancia por parte de la Policía, prolongados en el tiempo, empleando artificios técnicos de grabación de imágenes, la colocación de subrepticia de aparatos o instrumentos de escucha, transmisión del sonido o de la imagen en espacios domiciliarios o extradomiciliarios. De no menor calado es el estudio de la confusa situación legal y constitucional en la que se encuentra el régimen de las comunicaciones orales de los reclusos, con una atención especial a la intervención de las comunicaciones orales de los internos con sus Abogados, así como a las hipótesis conflictuales derivadas de la grabación de conversaciones con sospechosos acometidas por agentes policiales encubiertos o, incluso, por meros colaboradores o confidentes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Finalmente, la obra concluye con una exposición de las repercusiones jurídico-penales que pueden desencadenarse como consecuencia de estas practicas policiales, aportándose una visión critica de los artículos 536 y 198 del Código penal, siempre al hilo del material jurisprudencial más reciente tanto a nivel nacional como de las decisiones emanadas del TEDH, examinando, en síntesis, lo que podríamos reputar como la protección jurídico-penal de las garantías constitucionales del derecho a la intimidad en sentido amplio contra las grabaciones audiovisuales practicadas por funcionarios públicos.