La autonomía territorial ha venido experimentado un lento proceso de “(de)constitucionalización” debido al uso inadecuado de lo que denominamos reserva de instrucción administrativa, sobre la que descansan las normas blandas cuyos efectos no se acondicionan al sistema de fuentes y su utilización ha terminado por provocar una rebeldía de la administración pública al principio de legalidad: circulares, protocolos, directivas, instrucciones, documentos Conpes. Este tipo de normas, importadas de la ciencia de la administración, debido a su gran utilidad y eficacia, se han vuelto cada vez más recurrentes en el panorama administrativo. Su proliferación obedece a un proceso de parálisis inducido por la poca dinámica de las normas administrativas, las cuales son rígidas, complejas e inexpresivas para el ciudadano. En el ámbito del derecho territorial, la aplicación de las normas de derecho blando es problemática: las entidades territoriales se encuentran cada vez menos reguladas por las fuentes formales de derecho y más por el universo de las normas de derecho blando, práctica que afecta el principio de legalidad, la seguridad jurídica y los derechos de las entidades territoriales. Este libro se construye sobre tres pilares de estudio: el análisis del origen de las normas de derecho blando cimentadas desde la ciencia de la administración; el funcionamiento de las normas de derecho blando, así como el planteamiento de la hipótesis aventurada, aunque necesaria, consistente en ampliar el ámbito de la función administrativa en clave informal y la importancia de adoptar un dispositivo de control especial destinado a juzgar este tipo de acciones y, finalmente, el impacto de las normas de derecho blando sobre las entidades territoriales, aspecto que se abordará mediante la aplicación de un test de ductilidad normativa a las normas blandas. En este escrito se demuestra que las normas de derecho blando provienen de la ciencia de la administración y cuestiona los paradigmas sobre los que se ha construido el derecho administrativo.