El avance exponencial de las nuevas tecnologías informáticas y el correlativo incremento de las conductas ilícitas a ellas vinculadas -como es el caso del acceso virtual a ficheros de morosos, las descargas de internet:, los fraudes, el ciberacoso, la difusión de secretos, la expansión de virus dañinos, y un largo etcétera-, requiere una similar respuesta de los poderes públicos, aunque siempre desde la premisa del escrupuloso respeto de los derechos fundamentales y, muy particularmente, del de intimidad. En este trabajo se aborda tanto la presencia de estas tecnologías en el ámbito procedimental judicial, particularmente mediante el empleo cada vez más extendido de las videoconferencias y grabaciones de juicios orales, como como las modernísimas técnicas de investigación policial en campos como la telefonía móvil, la videovigilancia, los dispositivos de localización, el acceso a datos de ordenadores, la intervención de contenidos y conversaciones, entre otros, y las garantías que exige su aportación al proceso y su eficacia como auténticos medios probatorios, todo ello desde un enfoque práctico y apoyado en los actuales criterios de los tribunales.