A la vez que nace la moderna Administración española surge la necesidad de dotarla de la asistencia jurídica que garantice que su actuación se ajusta a la ley y que sus facultades en beneficio del interés general no se vean mercados por indebidas demandas particulares ante los Tribunales. La creación de la Dirección General de lo Contencioso en 1849, de los Oficiales Letrados de Hacienda en 1868 y del Cuerpo de Abogados del Estado en 1881 responde a esta necesidad. En continuidad de la primera, esta actividad la desarrolla hoy la Abogacía General del Estado.

En esta obra el autor, Abogado del Estado, analiza la formación histórica del Cuerpo y del centro directivo del que depende desde sus inicios, utilizando como hilo conductor el característico sistema de ingreso por oposición. Representa al mismo tiempo un original relato histórico de la Administración pública.