El documento público como categoría general constituye, sin duda alguna, un pilar básico de la seguridad del tráfico jurídico debido a las especiales garantías que han de seguirse para su elaboración. Son varias las funciones que tradicionalmente se vienen atribuyendo al documento público, sin embargo, en nuestros días resulta preeminente su función probatoria, olvidando el importante valor legitimante que en el tráfico posee el documento público y que, en nuestra opinión, encuentra reflejo normativo en el Código Civil. Precisamente es en este valor legitimante del documento público donde radica el origen del principio de titulación pública, fundamental para el buen funcionamiento del Registro de la Propiedad. No obstante, los singulares efectos que se derivan de la inscripción en nuestro sistema hipotecario, hacen que, junto a la condición de documento público, se exijan otros requisitos cuya concurrencia ha dado lugar a la formación de la categoría del título inscribible. Pero junto al documento público es necesario valorar también el documento privado, figura que, si bien inicialmente era objeto de una estimación negativa debido a sus escasos efectos jurídicos, ha evolucionado hacia una pujante revalorización que hace que su posición en el ámbito procesal haya cambiado en los últimos tiempos y que, por diversas razones y de forma excepcional, se acepte incluso su entrada en el Registro de la Propiedad como título inscribible.