El Derecho del Trabajo y el Derecho Administrativo pueden contribuir de forma conjunta en la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, concretamente, a través de la incorporación de cláusulas con perspectiva de género en la contratación pública. De esta forma, la contratación pública se convierte en una medida de acción positiva con una gran repercusión en el marco social y económico.

La normativa sobre contratación pública, en sintonía con la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ampara y promueve la introducción de cláusulas con perspectiva de género en las diferentes fases del procedimiento de contratación. No obstante, los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales y los Tribunales Jurisdiccionales no mantienen una misma línea interpretativa sobre la forma en la que han de introducirse dichas cláusulas garantizando el respeto al marco jurídico vigente. Por consiguiente, son muchas las incertidumbres a las que se enfrentan los órganos de contratación a la hora de introducir este tipo de cláusulas en los procedimientos de contratación. En este contexto, este trabajo pretende esclarecer algunas de las cuestiones primordiales sobre la temática.