La igualdad sexual es una de las exigencias básicas de toda sociedad justa y democrática: se trata de un espacio (socio-histórico, legal, lingüístico) siempre por conquistar, siempre cambiante, cada vez más fragmentario, atravesado por una red de exigencias y prohibiciones colectivas, que pone en cuestión sobre el tablero social las cambiantes conceptualizaciones sobre género y sexualidad, sobre hombres o mujeres, sobre las relaciones entre los sexos, sobre la articulación de las diversas identidades. La traducción nos ayuda a (re)pensar los límites y las potencialidades de la igualdad sexual en los múltiples textos en que ésta es interpelada. Ya sean los traductores (o más bien las traductoras, si hemos de hacer justicia a las estadísticas) visibles o invisibles, fieles o infieles, en sus manos tienen un poder real, con implicaciones ora personales ora institucionales.
En tiempos de desmanes neoliberales cabe plantearse cuál es, o debería ser, el papel social de la traducción. Si la respuesta es que la traducción es un mero puente (transparente, fiel, objetivo, neutral, invisible) entre las lenguas y las culturas, si no añade nada a este tránsito cultural, entonces habremos de reconocer que está condenada a ser un apéndice en manos de los más poderosos y los más corruptos. La traducción no puede ser neutral cuando la política, la economía, la lengua o la historia no lo son. Las traductoras y traductores no pueden trasladar acríticamente los mensajes generados por las élites económicas y políticas, mensajes que sólo persiguen confirmar sus privilegios. ¿A quién le satisface ser espectador pasivo de su propia subordinación?