La Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada en el año 2000, determina el nuevo régimen de actuación de los peritos en el proceso judicial civil, distinguiendo entre los peritos "de parte" que aportan su informe con los escritos de las partes delimitadores del proceso y los peritos de "designación judicial" (pero siempre por petición de las partes) recayendo esta designación preferentemente en los profesionales que están inscritos en las listas que los Colegios Profesionales o Asociaciones Profesionales remiten al Decanato.
Los profesionales que pretenden actuar como peritos en los procedimientos jurisdiccionales civiles, precisan de una GUÍA que exponga tanto sus responsabilidades y el correcto modo de actuación en el proceso, como sus derechos, que incluyen referencias a la existencia o no de limitaciones en sus honorarios y las formas de cobrar dicho honorarios a lo largo del proceso judicial.
Todas estas cuestiones, expuestas de una forma práctica, a modo de cuestionario resuelto con respuestas breves y concisas, quedan explicadas no solo por la aplicación automática de la ley sino también por la más reciente jurisprudencia.