El Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) presentó en el año 2009 una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma del Código Penal con el fin de defender la libertad de expresión. Dicha norma, en la práctica, se convertía en una mordaza para los periodistas o investigadores que adelantaran indagaciones sobre hechos delictivos respecto de los cuales ya se hubiera pronunciado la justicia penal. Esto porque corrían el riesgo de ser demandados por injuria o calumnia por aquellos a quienes señalaran como responsables de un delito y que hubieran sido absueltos por un juez penal. A pesar de que el denunciante tuviese pruebas que demostraran la veracidad de sus afirmaciones no podía utilizarlas en su defensa ya que primaba la verdad judicial sobre la verdad fáctica. La Corte Constitucional falló a favor de las pretensiones del G-DIP el 26 de junio del 2009, en la sentencia C-417, al declarar inconstitucional la norma demandada. Esta sentencia es un referente obligado para cualquier persona interesada en la libertad de expresión y, particularmente, para entender el alcance y las obligaciones del Estado para su protección. La decisión de la Corte ha sido reconocida por periodistas, organizaciones sociales y académicos como un hito en la consolidación de la libertad de expresión en Colombia, pues este derecho constituye una garantía para indagar sobre crímenes que en ocasiones quedan en la impunidad y son desterrados de la memoria colectiva, pero que siguen grabados en la memoria de las víctimas. En este libro se presentan diversos textos que fueron parte del proceso de demanda de inconstitucionalidad y se incluye un estudio preliminar que sintetiza las principales aproximaciones jurídicas a la libertad de expresión en América Latina como una forma de consolidación de los Estados de derecho en la región.