Tras la Gran Guerra, la crisis del liberalismo y el auge del nacionalismo radical marcaron la política en los estados europeos. Los proyectos corporativos buscaron proporcionar no solo nuevas formas de representación política, sino más profundamente refundar los principios de la legitimidad representativa. En este contexto, la práctica de políticas sociales procuró la integración de aquellos colectivos que hasta el momento estuvieron al margen de la vida pública. Entre estas políticas hay que destacar la importancia que tuvo la educación técnica industrial del obrero. Su estudio permite conocer el modo en que el Estado utiliza la formación profesional, entendida como una herramienta de integración sociopolítica de la clase obrera, que a la vez que forma una mano de obra cualificada y satisface las necesidades económicas del mercado, favorece el consenso con el sistema político y las políticas gubernamentales.
Bajo estos parámetros, el gobierno de Primo de Rivera (1923-1930) creó un proyecto de formación profesional técnico-industrial al servicio de una concepción corporativa del Estado a través del Estatuto de Enseñanza Industrial de 1924 y del Estatuto de Formación Profesional de 1928. Pero la instauración de la Segunda República (1931-1936) relegó el sentido corporativo y económico de la formación profesional industrial del obrero en beneficio de una política de alfabetización de la población dentro de los valores democráticos liberales.