España es la última potencia occidental que abole la esclavitud. Este trabajo aporta posibles respuestas a una simple pregunta: ¿Por qué España es la última? Para comenzar nuestro viaje, es preciso recordar que “abolir” significa “derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etc.” En consecuencia, parece que hablar de abolición supone hablar de un proceso esencialmente jurídico. Derogar leyes o preceptos es la misión fundamental del poder legislativo, una potestad que durante la mayor parte del siglo XIX español aparece primordialmente residenciada en las Cortes (ya las unicamerales gaditanas, ya las bicamerales a partir de Isabel II). De ahí que, para analizar cumplidamente un proceso de abolición, sea preciso abordar el fenómeno desde una perspectiva jurídica. Junto a nuestro gran y primer interrogante, un viaje por los diarios de sesiones de las Cortes evidencia que los problemas jurídicos principales abordados por los parlamentarios pivotan en torno a ocho grandes preguntas: 1) ¿Qué hacer con la esclavitud?, ¿prohibir la trata de esclavos, declarar solo la libertad de vientre, abolir la esclavitud?; 2) si se decide abolir la esclavitud, ¿es necesario indemnizar a los propietarios de esclavos, abonarles un justiprecio como si de una expropiación se tratase?; 3) ¿cuál sería la condición jurídica de los esclavos libertos?; 4) ¿serían nacionales?; 5) ¿serían ciudadanos?; 6) ¿formarían parte del censo?; 7) ¿gozarían de derecho de sufragio activo? y 8) ¿gozarían de derecho de sufragio pasivo? Los apasionados debates parlamentarios nos aportarán perspectivas sorprendentes y diversas que contribuirán a esclarecer una compleja problemática plena de desafíos nacionales e internacionales.