El legislador, en un intento de garantizar el destino efectivo del patrimonio fundacional y de sus rentas a los propios fines de la entidad, determina que la mayor parte de las rentas e ingresos obtenidos en el ejercicio han de destinarse obligatoriamente a los fines fundacionales. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el gestor de una fundación es, en cumplimiento de la legislación, calcular qué recursos debe obligatoriamente destinar a sus fines propios de los obtenidos en cada ejercicio económico, así como demostrar que dicho destino ha sido efectivo. El propósito de esta monografía es encontrar una solución al complicado entramado legal de la determinación de cuáles son las rentas e ingresos que la fundación debe destinar obligatoriamente a las actividades fundacionales. En primer lugar, el autor analiza la legislación vigente,para después, utilizado los estados contables que estas entidades deben elaborar, calcular la cuantía mínima y demostrar qué es lo que se ha destinado efectivamente en cada ejercicio, para terminar realizando un ejemplo teórico-práctico en donde se ponga de manifiesto la utilidad de la mecánica propuesta.