El futuro del derecho a la protección de la salud constituye, sin lugar a duda, uno de los principales elementos de preocupación ciudadana en nuestros días.
Ese derecho ha de concretarse en el derecho a recibir unas prestaciones sanitarias dignas, esto es, adecuadas a la dignidad que posee todo y cada ser humano, con independencia de su nacionalidad, raza, género o posición social La preocupación es perfectamente legítima tras la considerable disminución en los fondos asignados a las prestaciones sanitarias públicas. Pensar que en un futuro este tipo de situaciones no puedan producirse de nuevo puntualmente o, peor aún, de manera sistematizada, carece de fundamento. Como tampoco parece sensato negar que una población más envejecida y con un número creciente de enfermos crónicos tensará la cuerda de los presupuestos sanitarios hasta más allá de lo soportable y tal vez llegará a producirse, efectivamente, una imposibilidad real de afrontar el coste de un sistema sanitario adecuado a las exigencias más básicas.
Todo debate sobre el sistema sanitario y nuestro derecho a recibir unas prestaciones adecuadas es sumamente complejo. Necesita, de hecho, de múltiples enfoques, en todo caso interdisciplinares. Así, es imprescindible construir análisis precisos del derecho a la protección de la salud y sus concreciones en términos de prestaciones exigibles en un momento histórico como el actual, en el que se plantea la cuestión de si se puede o no exonerar al Estado de sus obligaciones alegando la falta de recursos, algo totalmente inadmisible desde la teoría de los derechos humanos.