El Estado, en especial el democrático, es inviable sin una institucionalidad organizada y operante. La base de esta es la Constitución, de cuya vigencia depende la existencia de los órganos mediante los cuales se manifiesta el poder estatal. En ella, nacida del ejercicio de la soberanía, se funda la estructura orgánica, se establecen las reglas adoptadas por la sociedad para el acceso al poder, se distribuyen las competencias y se estipulan las responsabilidades en el manejo de la cosa pública. Pero la garantía de los derechos en una democracia sería imposible sin un seguro y efectivo imperio de los principios y las normas constitucionales que los consagran. Así pues, en cuanto los tribunales constitucionales se crean con el objeto específico de salvaguardar el imperio de la Constitución, su adecuado funcionamiento, la confianza pública y la respetabilidad de sus decisiones son factores esenciales para la subsistencia del Derecho, que a su vez delimita el ejercicio del poder del Estado y prevé su forma específica de organización.