La crisis fi nanciera y económica global de 2007-2008 ha evidenciado, en un plano más jurídico, la devaluación del Estado del bienestar o Estado social y, en concreto, de los derechos sociales. La normatividad y efectividad de los derechos sociales (fundamentales o no) padecen frente a una política de recortes insaciable y una interpretación económica de la Constitución. El equilibrio presupuestario se ha convertido en una suerte de ?Constitución dentro de la Constitución?, en un principio que lo invade todo reinterpretando un sinfín de compromisos constitucionales. Forma parte, asimismo, de este proceso de ajuste un notable deterioro de las relaciones de trabajo, en forma de pérdidas de derechos laborales y mayor difi - cultad para el ejercicio de tales derechos. No es ya sólo que intereses de matriz privada se conceptúen como intereses constitucionalmente protegidos; lo más grave es que, en la ponderación con otros derechos ?algunos fundamentales? de los trabajadores, esos intereses priman de forma desproporcionada. La presenta obra colectiva refl exiona sobre todo ello. Se constata esa degradación, aunque también se exploran estrategias normativas y jurisprudenciales orientadas a evitar la depreciación constitucional. Se impone una interpretación constitucional de la crisis que afi ance la democracia pluralista, el carácter normativo de la Constitución y los derechos sociales.