En 1506 la Inquisición decidió identificar a todos los judeoconversos que vivían en la ciudad de Valencia. Los cabezas de familia fueron llamados a declarar ante el tribunal, recabándose de ellos información acerca de sus padres, hijos y hermanos, cónyuges y suegros, y de otras personas que pudieran tener en casa. Se les preguntó si habían confesado anteriormente crímenes contra la fe, si se habían acogido a los tiempos de gracia o habían sufrido condena. El resultado de tales pesquisas se conserva actualmente entre los legajos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, y recoge varios centenares de familias ordenadas por distritos parroquiales. Allí encontramos a los descendientes de quienes se convirtieron al cristianismo tras el progromo de 1391, estragados por veinte años de persecución y su largo rosario de penitencias, cárceles, confiscaciones y hogueras. Comparecen asimismo los que, frente al decreto de expulsión de 1492, eligieron convertirse antes que marchar al exilio, y que luego abandonaron sus tierras aragonesas o castellanas para emigrar a una ciudad populosa donde la mácula pudiera pasar inadvertida. Unos y otros alimentaron en las décadas siguientes una maquinaria represiva de la que este singular documento fue un engranaje más. Pero, con independencia del uso que la Inquisición pudiera darle, el censo de 1506 despliega ante nuestros ojos una imagen colectiva de aquellas víctimas propiciatorias de la razón de estado; una imagen abigarrada, compleja, en algunos casos borrosa, inmóvil en el tiempo como una colección de viejas fotografías familiares, que nos permite entrever la realidad cotidiana de un mundo que estaba a punto de desaparecer.