Esta monografía explora algunos de los obstáculos para acceder a la justicia civil que afrontan las víctimas de daños ambientales que han sido verificados en terceros Estados no pertenecientes a la Unión Europea cuando aquellos han sido presumiblemente causados por empresas pertenecientes a grupos transnacionales de sociedades cuyas matrices están domiciliadas en el territorio de la Unión. El interés en este supuesto surge de la constatación de varias realidades vinculadas íntimamente a la globalización. Las sociedades mercantiles, organizadas en complejos grupos en los cuales se limitan el riesgo y la responsabilidad y se maximiza el beneficio, exportan sus actividades -muchas de ellas riesgosas- a países con regulaciones menos exigentes con menores expectativas de represión y condena en caso de daños y/o abusos, ya sea por sistemas judiciales poco independientes, instituciones débiles, corrupción, inexistencia de recursos económicos o técnicos, infracapitalización de la filial que es jurídicamente independiente de la matriz o escasas garantías procesales o de previsiones del Derecho sustantivo de la responsabilidad, entre otros factores. En estos escenarios, de países generalmente empobrecidos, en los que responsabilizar a sociedades que realizan allí grandes inversiones se convierte en una tarea prácticamente imposible, se verifican hoy muchos de los daños ambientales de gravedad. Conseguir la reparación de los daños personales y colectivos depende, en muchas ocasiones, del éxito de una posible demanda extraterritorial en otro país con alguna conexión con el daño en el que las expectativas de eficacia en la tutela judicial sean mayores. Así, esta monografía se centra en el estudio de la competencia judicial internacional en estos supuestos como factor clave para el acceso a la justicia, con la intención de ser un instrumento útil en el camino a lograr soluciones jurídicas más justas y eficientes adaptadas a la realidad del siglo XXI.